Anda la frecuencia revuelta estos días ante la decisión del Ministerio de Fomento de prohibir por completo el uso del español en todos los aeropuertos de España que registren más de 50.000 movimientos al año.
Esto afecta a once aeropuertos españoles, que por supuesto son aquellos en los que hay más presencia de aerolíneas extranjeras, que pueden estar presionando para que el gobierno de España adopte esta decisión.
La idea es trasponer a la normativa española el reglamento europeo Standardised European Rules of the Air, Reglas Estandarizadas Europeas para el Aire, que tiene como objetivo homogeneizar los procedimientos relacionados con la aviación en Europa. Pero en España estamos siendo más papistas que el Papa, ya que la Parte C del reglamento, que habla precisamente de los idiomas, permite a los países en los que se habla alguno de los lenguajes reconocidos por la OACI –árabe, inglés, ruso, chino, francés y español– mantener ese idioma en las comunicaciones en aquellas situaciones que así lo permitan.
Hay cero casos en los que el uso del idioma nativo se haya relacionado con un accidente. Y tampoco hay pruebas de que usar exclusivamente el inglés aumente la seguridad. De hecho pilotos y controladores argumentan que obligar a usar inglés en situaciones de emergencia, con el stress asociado que conllevan, puede ser contraproducente de cara a la seguridad.
El informe El uso de un lenguaje común en las comunicaciones radiotelefónicas (PDF, en inglés) explica todo esto.
Así, pilotos, controladores, y la mismísima Agencia Europea de Seguridad Aérea se oponen a esta nueva normativa y abogan por seguir utilizando el procedimiento actual, que es el de utilizar, a ser posible, el español cuando para controladores y tripulaciones sea su lengua materna. El inglés se usa bajo demanda, cuando la tripulación inicia las comunicaciones en ese idioma, o cuando hay varias tripulaciones implicadas y alguna de ellas no tiene el español como lengua materna.
El plan original era que esta nueva norma entrara en vigor a partir del 12 de octubre de 2017 –ah, la ironía– aunque parece que el Ministerio ha decido –por ahora– aplazar su entrada en vigor.
Pero veremos qué pasa, que Spain is diferent.